Presidente del CNSS aboga por la Seguridad Social
El también Ministro del Trabajo habló en estos términos durante la Conferencia Magistral “Rumbo de la Seguridad Social en la República Dominicana”, en la que realizó un recuento de las ejecutorias asumidas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social y las posibles acciones dirigidas a alcanzar la plenitud y madurez de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y su efectiva aplicación. “La mayor parte de los trabajadores municipales del país gana salarios por debajo del salario mínimo establecido para el sector público y la inmensa mayoría de esta se encuentra desprotegida, al no tener acceso a la seguridad social por el incumplimiento de los gobiernos municipales”, dijo Calificó al sistema de salud dominicano como incapacitado para desarrollar voluntad y creatividad que permitan asumir mecanismos que faciliten la inclusión de sectores sociales importantes, que siguen desprotegidos, como los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores y trabajadoras domésticas, los trabajadores migrantes y los móviles y ocasionales.
Autoridades en la mesa presidencial Incluyó también entre los menos afortunados del sistema a las personas que al momento de la puesta en vigencia de la Ley 87-01 tenían más de 45 años y que al cumplir la edad de retiro no califican para pensión y las personas que cotizaron al seguro social y que en la actualidad no están cotizando ni trabajando y no tienen ni seguro de salud ni pensión, casos que consideró deben ser abordados sin pérdida de tiempo. Puig recomendó analizar la experiencia de Argentina y Uruguay en lo atinente a las medidas adoptadas por estos países a favor de los trabajadores del sector informal y por cuenta propia, que permitiría establecer un sistema simplificado de registro, sobre la base de una cotización única y asignación d e un paquete de prestaciones y servicios especialmente diseñado para este colectivo. El Presidente del CNSS no quiso obviar los esfuerzos realizados desde el Ministerio de Trabajo y del mismo Consejo para insertar al trabajo doméstico en la seguridad social, y conminó al equipo que manejará los destinos de ambas instituciones, a continuar los esfuerzos para asegurar la cobertura a unos 250 mil trabajadores de este sector que reconoció con condiciones particulares y modalidades que obligan a tomar medidas de corte fiscal, legal y salarial para permitir su inclusión en el sistema.
Por otro lado, el experto en Sociología consideró una paradoja la situación de los trabajadores migrantes, a los que el Código de Trabajo les reconoce sus derechos laborales, aun en condición de residentes ilegales, mientras que la Ley 87-01 impide su afiliación a la seguridad social. En este sentido, Puig exhortó a la creación de una comisión interinstitucional que incluya a los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Industria y Comercio, Agricultura y Trabajo, entre otros, que pueda evaluar y ofrecer resultados tangibles a una situación que desborda los linderos de la Ley 87-01. Puig reconoció como una limitante para la aplicación efectiva de esta ley, el que la estructura económica del país establece frenos para alcanzar la universalización del sistema, lo que se manifiesta con la presencia de tan solo un 30% de la población económicamente activa con una relación salarial dependiente, cerca de un 56 % que se desempeña en la economía informal y poco más de 14% en situación de desempleo ampliado.
“El dilema solo puede ser superado por la vía de la transformación del modelo de desarrollo dentro del que ha venido desenvolviéndose la República Dominicana. Solo sobre la base de un nuevo modelo que permita la generación de más y mejores empleos y al mismo tiempo facilite la consecución de recursos públicos, que garanticen el pleno financiamiento de la seguridad social se podrá lograr el objetivo de la universalización”.
